El Ayuntamiento de Esplugues sigue trabajando para dar una respuesta habitacional estable a las 38 familias del edificio El Barco, que fue desalojado a finales de marzo a consecuencia de las conclusiones de un informe técnico externo que apuntaba a daños estructurales. Las gestiones municipales han posibilitado que 26 de estas familias, un 68%, ya han sido reubicadas en otras viviendas.
“La previsión es resolver todas las situaciones restantes durante este mes de junio”, afirma la alcaldesa, Pilar Díaz, en una carta enviada a la directora de la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), Sílvia Grau, en respuesta a la misiva que ésta le envió con anterioridad.
En su escrito, la alcaldesa insiste en que “desde el Ayuntamiento estamos acompañando a las familias que han perdido su vivienda desde la proximidad, la empatía y la responsabilidad en el marco de las competencias municipales. Estamos en la primera línea de la atención social a las familias y sabemos, mejor que ninguna otra administración, las dificultades que debe afrontar una unidad familiar frente a la pérdida repentina de su vivienda habitual y, muy en especial, las afectaciones que puede tener en la infancia” .
Entre otros servicios de apoyo puestos en marcha desde el momento del desalojo, existe un servicio telefónico de atención psicológica permanente para poder atender las necesidades emocionales de las familias afectadas.
El Ayuntamiento ha aportado 630.000€ para conseguir viviendas y dar respuesta a la emergencia, la Diputació de Barcelona ha cedido 7 viviendas por estancias temporales y el Área Metropolitana de Barcelona ha otorgado una ayuda económica de 178.000€.
La alcaldesa recuerda a la Generalitat que tiene las competencias exclusivas en materia de vivienda, y reprocha en su carta que “más de dos meses después de la emergencia, la AHC no ha ofrecido ninguna vivienda, ni ninguna medida extraordinaria por atender la emergencia habitacional. Tan sólo ha ofrecido tres programas de funcionamiento ordinario”, en referencia a Reallotgem, Garantim y el derecho de tanteo y retracto, que “no sirven para atender a las familias de El Barco”.
El edificio fue construido a finales de los años 40 del pasado siglo. Treinta años después de que el Plan General Metropolitano calificara los terrenos como zona verde, la familia propietaria, que tenía alquilados todos los pisos, solicitó la expropiación a la Generalitat, que derivó la obligación al Ayuntamiento.
